Más de 50 pasajeros afectados por el cierre de Air Comet han presentado una demanda contra el Estado por responsabilidad subsidiaria derivada de la falta de control de la situación financiera de la aerolínea, que ya estaba en quiebra al menos desde febrero de 2008, según el informe concursal de la compañía.
El escrito, según recoge el portal invertia.com, se ha presentado ante el Ministerio de Fomento en representación de 465 pasajeros afectados que reclaman un total de 516.798 euros por los daños y perjuicios derivados de la "intolerable" dejación de funciones en el control de la situación financiera de Air Comet. Los pasajeros afectados defienden que tanto la legislación europea como la española obligan al Ministerio de Fomento a suspender la licencia de una aerolínea cuando se demuestra que es incapaz de responder a los pagos frente a los proveedores, la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
"Esas señales objetivas venían produciéndose desde principios del año 2007", según reza la demanda presentada por el representante legal de los pasajeros y director de retrasos.net, Dan Miró. Los afectados consideran que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), dependientes de Fomento, tenían las competencias "exclusivas" para controlar la situación financiera y para revocar la licencia de explotación.
Además, defienden que estos organismos deberían de haber exigido a Air Comet que suscribiese un seguro de responsabilidad civil que cubriese los eventos dañosos derivados de su actividad.
"Al no hacerlo, obraron en contra de la protección del interés público", argumenta la demanda, que recuerda que el cierre dejó 23.000 pasajeros afectados, cientos de proveedores que no cobrarán jamás sus deudas, más de 750 trabajadores sin empleo, y deudas millonarias frente a la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
De esta forma, los afectados inician la reclamación administrativa de responsabilidad subsidiaria del Estado, aunque esperan una negativa por parte de Fomento, por lo que, prevén, la demanda acabará en un proceso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
Según los administradores concursales, Air Comet ya estaba en situación de quiebra casi dos años antes de declararse en concurso de acreedores en diciembre de 2009, por lo que el embargo de aviones por un crédito impagado a la entidad alemana Nord Bank y la prohibición de seguir vendiendo billetes no fue la causa de la quiebra.

Informa el portal Airnews que Air Comet solo posee fondos para cubrir el 25% de sus deudas.

Los administradores concursales de Air Comet consideran que los cerca de 25.000 afectados por su cierre tienen pocas expectativas de cobrar, ya que la aerolínea tiene un agujero patrimonial de 235 millones de euros. Así figura en el informe que presentó la administración concursal de la aerolínea ante el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, que concluye que los 24.907 acreedores no pueden tener "expectativas de cobro". El informe revela que el 92,8% de los acreedores (23.131) son pasajeros que se quedaron sin volar cuando Air Comet cesó sus operaciones en 2009, mientras que el resto son proveedores, administraciones públicas y trabajadores, a los que la aerolínea debe 6,8 millones en indemnizaciones y 7,2 millones en salarios. Por su parte, los bienes y derechos de la aerolínea son, fundamentalmente, expectativas de cobro de los diversos litigios que mantiene Air Comet. El principal es la reclamación para que el gobierno argentino indemnice al grupo Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Dos terceras partes de los activos de Air Comet corresponden a la posible indemnización que recibiría por la expropiación de la empresa argentina, filial de la primera, a finales de 2008 por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta indemnización está valorada en 66 millones, pese a que la demanda presentada al Ciadi, el tribunal de conflictos del Banco Mundial, asciende a 1.000 millones. El Tribunal podría dictar sentencia, como pronto, en dos años. El primer acreedor de Air Comet es Teinver, la sociedad de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual con la que controlaban la aerolínea, con 101 millones. El dinero que los empresarios aportaron a la línea aérea (125,3 millones) provocó la caída de todo el grupo turístico Marsans. Luego se sitúa el banco alemán HSH Nord Bank (que financiaba los aviones) con 22,4 millones, la Tesorería de la Seguridad Social con 21 millones, la Agencia Tributaria con 17 millones y los 740 empleados con 14 millones. A los 23.131 viajeros que se quedaron sin volar, se les debe 16,4 millones.